Javier López

Ya nadie niega que hemos entrado en un escenario de recesión económica, a la que unos llamarán desaceleración y otros, crisis económica. Sean galgos o podencos, nadie sabe hasta dónde llegarán sus efectos, ni la duración, ni el momento de salida de la recesión. En cualquier caso, por el momento, cae la construcción de vivienda libre, bajan las ventas comerciales, hay menos pedidos industriales y el paro aumenta en la construcción y los servicios.

Las administraciones públicas, ya sea el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, recaudan menos por IVA, por IRPF o por impuestos transferidos. Habrá menos dinero público y más gasto social, por ejemplo, en protección por desempleo. No tendremos ya la ayuda de los fondos europeos. No podremos endeudarnos mucho más y, por lo tanto, será más necesario acertar en la asignación de unos recursos menos abundantes.

Una receta liberal clásica consiste en combatir la discriminación de ingresos fiscales con menos gasto público en protección social, por ejemplo, en sanidad. Una sanidad que necesita más inversiones en infraestructuras y en personal si no quiere verse abocada al colapso. El sistema utilizado para construir los nuevos hospitales es rápido en resultados pero costoso en el futuro porque hay que írselos pagando con intereses a los financieros, constructores  gestores de la concesión y cuenta con serios problemas para garantizar su eficiencia. Ya estamos percibiendo algunos de estos problemas y desajustes, aún antes de ponerse completamente en marcha.  En cuanto a los profesionales, las nuevas fórmulas de gestión rompen la unidad del personal estatutario de la sanidad pública y pueden terminar precarizando el empleo y alimentando un malestar creciente entre el personal sanitario.

Una tentación evidente es la de suplir carencias económicas con fórmulas de copago que romperían la gratuidad y amenazarían aún más la universalidad del sistema sanitario público.

Se pueden hacer cosas para afrontar el futuro de la sanidad, incluso en épocas de recesión, pero hay que tener una voluntad política y una capacidad de diálogo, de la que la derecha gobernante ha dado pocas muestras hasta el momento, más allá de acuerdos parciales en el ámbito laboral sanitario. Apostar por las inversiones en nuevas infraestructuras sanitarias puede tener efectos positivos en mejora de la atención primaria y especializada y en la estabilización del sector de la construcción. Invertir en los profesionales sanitarios, ampliando plantillas y fortaleciendo la formación continua, puede tener efectos positivos sobre el empleo.

Asegurar recursos económicos para la sanidad pública debe ser objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico, desde un compromiso compartido de alcanzar al menos la media europea de porcentaje de Producto Interior Bruto dedicado a sanidad. Actuar sobre el gasto farmacéutico puede permitir liberar recursos para mejorar la calidad, infraestructuras y personal. Las inversiones privadas deben ser subsidiarias y complementarias. Nunca pueden convertir el servicio público en objeto mercantil y fuente de negocio rápido y seguro.

Se pueden hacer cosas para buscar un pacto social por la sanidad, reclamando por CCOO y prometido por la presidenta regional, siempre que aseguremos su carácter público, gratuito y universal. En momentos de crisis, servicios públicos como el sanitario ven reforzada su importancia como instrumentos para garantizar la igualdad, la cohesión social, el sentimiento de seguridad y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Francisco Javier López Martín
Secretario general CCOO Madrid.