¿Podría hacer un balance de los resultados de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) hasta ahora?
Fue un enorme acierto de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre adscribir al área de Justicia toda la problemática de los menores infractores. Antes se estaba llevando desde el área social y, al unificar los sistemas de actuación, se buscaban dos objetivos: que hubiera plazas suficientes, para que todas las medidas que los tribunales imponían pudieran ser cumplidas, y trabajar en la reinserción de esos jóvenes que por haber cometido un delito pasaban a depender de nosotros. Los datos son enormemente positivos: hoy día, el 83 por ciento de los jóvenes que pasan por nuestros centros no reinciden en el delito.

¿Cómo abordaron ese reto que se les planteaba?
Había que cambiar el modelo de gestión para encaminarlo a la reinserción, pero también había que crear nuevos centros. Construimos el centro de Brea del Tajo en un tiempo récord y, por otro lado, planteamos programas educativos, deportivos, culturales, formativos y de inserción laboral.Todo esto ha contribuido a que hoy podamos presentar estos resultados.

¿Cuáles son los principales delitos cometidos por los menores de los centros madrileños?
La mitad se encuentran sometidos a medidas por delitos de robo con violencia o intimidación. También hay bastantes delitos de maltrato familiar ascendente, de robo con fuerza y, en un porcentaje mínimo, de abusos o agresiones sexuales, homicidios en grado de tentativa y lesiones.

Usted ha abogado por endurecer la Ley del Menor. ¿Sería solo para los delitos más graves?
En primer lugar, la Ley del Menor es una magnífica norma gracias a la cual podemos realizar las tareas de reinserción con los buenos resultados actuales. Pero tiene algunas lagunas muy importantes: una es que en los delitos muy graves, como el asesinato, el homicidio, las violaciones o el terrorismo, que se producen en un porcentaje mínimo, no da respuesta a la demanda social. En cuatro o seis años no puede estar en libertad una persona que ha cometido uno de estos delitos. En esa línea, yo creo que hay que endurecer las penas. En segundo lugar, esos delincuentes que han cometido delitos graves deberían pasar a prisión en el momento en que cumplen los 18 años, porque son diferentes de la mayoría, que son los que han cometido delitos menos graves. Esas son dos peticiones que llevamos reivindicando desde el Gobierno de la comunidad, y también desde el PP, desde hace mucho tiempo.

También abogó por la rebaja de la edad penal de los menores hasta los 12 años...
Esa propuesta hay que enfocarla desde otro punto de vista. La rebaja de la edad penal para determinados delitos pretende conseguir que ese joven delincuente pueda beneficiarse de los programas de reinserción que realizan las agencias de las comunidades autónomas. Si un menor de 14 años comete un delito, hoy queda impune. Si a esa persona el juez le pudiera someter, porque la legislación se lo permitiera, a algún tipo de medidas, pasaría a tener un proceso de formación y reinserción que evitaría que después de ese período en nuestros centros siguiera en la senda del delito. El objetivo no es rebajar la edad penal para buscar un castigo para una persona que ha cometido un delito entre los 12 y los 14 años, sino que ese joven, casi niño, de 12, 13 o 14 años pueda beneficiarse de esos servicios y programas.

El Defensor del Menor, Arturo Canalda, se muestra a favor de que las medidas educativas que actualmente contempla la ley para los menores de entre 12 y 14 años que cometen delitos sean obligatorias. ¿Está de acuerdo?
Eso supondría no dejar ese espacio en la impunidad, y en consecuencia no se trata de un mal principio; es una propuesta que serviría porque sería obligar al cumplimiento de unas normas que hoy día están en grado de voluntariedad. Es una buena línea de trabajo que evitaría que se aproveche ese defecto del sistema para que los delitos queden impunes.

Hace poco, usted viajó a Estrasburgo con la madre de Sandra Palo, Mar Bermúdez, para pedir respaldo en Europa de cara a un endurecimiento de la Ley del Menor. ¿Cuál ha sido el balance de ese viaje?
Conseguimos involucrar por primera vez a las instituciones europeas en una problemática con gran calado social que no sólo afecta a España, sino también a muchos países de nuestro entorno. Obtuvimos el compromiso del Parlamento Europeo de impulsar una homologación de las distintas legislaciones en esta materia, y además nos entrevistamos con el presidente de la Comisión de Peticiones, que ha acordado recibir a los padres de Sandra Palo. Ellos van a tener audiencia y van a poder expresarse en una comisión parlamentaria y reivindicar lo que nosotros apoyamos.

Los que se oponen a la reforma de esa ley argumentan que no se puede cambiar una norma entera por un caso “puntual”, como el de Sandra Palo. ¿Qué les contestaría?
Se trata de una reivindicación de los últimos años, ya que se han detectado lagunas en la ley y, cuanto antes se corrijan, mejor. No se puede ser insensible a las lágrimas de la madre de Sandra Palo, porque es la expresión viva de lo que es una víctima del horror del delito. Los que tenemos responsabilidades públicas no podemos estar solo en la pura teoría, sino también con el corazón tomando decisiones.

Una de las principales líneas de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor es crear centros especializados, como El Laurel, para determinados delitos o perfiles de jóvenes.
La práctica diaria demuestra que la tipología de los delincuentes necesita programas específicos adecuados a las características personales que los han llevado a cometer esos delitos. Además hemos creado centros especializados en medidas cautelares, que también tienen una tipología diferente. Es la misma línea que aconseja que, cuando un delincuente ha cometido un asesinato o violación, no debe seguir en nuestros centros, porque Instituciones Penitenciarias está especializada en este tipo de delitos.

Usted ha manifestado en numerosas ocasiones que cree en la reinserción. ¿Es posible también para los delitos más graves?
Sí. Nunca se puede perder la perspectiva de que podemos alcanzar nuestros objetivos, por difíciles que sean. Se puede reinsertar a cualquier delincuente, pero creo que nuestros centros de menores no son los adecuados para este tipo de delitos. Por eso propongo que vayan a prisión al cumplir los 18 años.

¿Cómo responden los Ayuntamientos cuando les proponen líneas de colaboración?
Hay de todo. Todos los ayuntamientos que han colaborado con nosotros han realizado políticas solidarias, con “S” mayúscula, porque ellos no tienen esta competencia ni esta responsabilidad. Implicarse con nosotros en la búsqueda de esa reinserción y rehabilitación de las personas que han cometido un delito o una falta es de agradecer y supone un esfuerzo notable.

También colaboran con empresas que se ofrecen a dar una oportunidad a estos jóvenes. ¿Cree que el ámbito privado debería implicarse también en este tipo de causas?
A mí me gustaría que lo hicieran más empresas, pero si a los ayuntamientos que trabajan con nosotros hay que darles una “S” mayúscula, a las empresas habría que darles una doble “S” mayúscula, porque desde el ámbito privado están realizando una gran labor en algo que la sociedad agradece mucho, que es evitar el delito.

¿Cuáles son sus retos de futuro?
Sobre todo uno muy difícil, que es superar esta barrera del 83 por ciento en la no reincidencia en el delito. Es difícil porque si comparamos los datos de 2006 y 2007, hemos aumentado el índice de no reincidencia en un 50 por ciento. Me daría por satisfecho si mantuviéramos la situación actual, pero hay que ser ambiciosos y mejorar esas cifras. Y ese es el reto de los próximos meses. Seguimos fomentando nuevos programas con los jóvenes que ingresan en nuestros centros por mandato judicial y vamos a seguir en esa línea, confiando en nuestros profesionales. A ellos la sociedad nunca les agradecerá lo suficiente el esfuerzo que realizan.