Javier López

El PP ha perdido las elecciones… pero ha ganado en Madrid. El Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre parece haber hecho la lectura de que lo está haciendo bien y que hay que seguir profundizando en la forma de entender la políticas que le ha caracterizado a lo largo de los últimos años, y ha decidido aprovechar la Semana Santa para convertir la educación madrileña en un campo de confrontación y crispación absolutamente innecesario.

Vamos por partes: en los momentos previos a la Semana Santa ha provocado un rosario de conflictos que tienen revuelta a la comunidad educativa madrileña. De una parte, cuando los sindicatos mayoritarios de la enseñanza madrileña, CCOO y UGT, ganan una sentencia ante los tribunales para que los trabajadores de Concertada cobren íntegramente el complemento autonómico de los años 2006 y 2007, sin que quepa la posibilidad de absorberlo o compensarlo con las subidas salariales previstas en el convenio colectivo, la presidenta Aguirre se descuelga firmando un acuerdo con otros sindicatos para vulnerar el cumplimiento de la sentencia y aplazar los pagos debidos a los profesores.

No contenta con este desaguisado, la consejera de Educación, Lucía Figar, un valor en alza en el PP nacional, decide aprobar un decreto para aumentar el número de alumnos por aula de 16 a 20 en las clases de Educación Infantil de 2 a 3 años y de 12 a 14 alumnos en las aulas de 1 a 2 años. Por este sencillo sistema “se crean de facto” más de 3.000 plazas en Infantil. A partir de ahora no será necesario que las escuelas infantiles cuenten con patio exterior, rebajando el nivel de titulación educativa exigible a los profesionales. Además las instalaciones pueden ser dedicadas a otros usos no educativos fuera del horario escolar. Un paso más para que las escuelas infantiles, que en muchos casos eras meras guarderías privadas, puedan convertirse en “aparcaniños”, eso sí sostenidos con “cheques escolares” del Gobierno regional. No es extraño que en tan sólo tres cursos escolares las guarderías privadas hayan ganado 31.000 alumnos en Madrid, frente a 15.700 de las escuelas infantiles públicas. En ninguna otra comunidad autónoma, incluidas todas las gobernadas por el PP, se ha producido un aumento de las guarderías privadas por encima de las públicas, sino más bien al contrario.

Aprovechando la Semana Santa, se produce otra vuelta de tuerca y el mismo miércoles, por procedimiento de urgencia, el PP gobernante en el El Alamo, convoca un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento para bendecir la decisión de la Consejería de Educación y sacar a concurso la privatización de un colegio público construido, equipado y legalmente decretado como Colegio Público Miguel Angel Blanco en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Por el camino, la presión permanente de la Consejería de Educación para que los ayuntamientos cedan suelo público para construir colegios privados o la negativa de la Consejería de Servicios Sociales para dignificar las condiciones de trabajo y salario de los profesionales de los centros de educación para personas con discapacidad, lavándose las manos en la prestación de un servicio público que se sostienen con fondos públicos y que prestan entidades privadas.

Por si fuera poco, andan los profesores, alumnos y padres del Colegio Público Palacio Valdés, en pleno Paseo del Prado, encerrados y celebrando su “vía crucis” particular, ante un traslado forzoso a más de 12 kilómetros de distancia, para acometer unas obras necesarias, sin duda, pero manifiestamente mejor planificables. De nuevo el “trágala perro” y el ordeno y mando. Mano dura con lo público y complacencia absoluta con los intereses privados, que para algo somos “liberales” y el mercado nos pone.

No es eso. No es eso. Este no es el camino. No se puede actuar en una materia tan delicada como la educación huyendo del diálogo y alentando la confrontación y la crispación. Crucificando por fases a la enseñanza pública. Generando malestar social y abundando en la configuración de dos redes escolares separadas que vienen a ratificar, en lugar de compensar, las desigualdades sociales existentes en una comunidad rica, pero con desequilibrios sociales cada vez más agudizados.

Francisco Javier López Martín
Secretario General CCOO Madrid