Madrid acogerá más de 200 fiestas en 149 municipio en lo que resta de verano. Debido a esta situación, Pérez quiso mostrar la disposición del Gobierno de la región a apoyar las celebraciones festivas de los pueblos madrileños siempre y cuando los alcaldes, concejales y corporaciones locales cumplan con la normativa establecida. "Es posible compatibilizar el derecho a celebrar unas fiestas con todo el jolgorio posible y la protección al medio ambiente y a la vida de las personas", afirmó.

El procedimiento que debe seguir un ayuntamiento para solicitar un permiso para la explosión de fuegos artificiales es el siguiente: En primer lugar, es necesaria la autorización de la Delegación del Gobierno (si la cantidad de pólvora supera los 50 kilogramos). Además, según explicó Pérez, "son necesarias las autorizaciones especiales cuando los fuegos pueden afectar al tráfico aéreo, a monumentos de interés histórico o a una industria con riesgos".

Una vez que esta solicitud haya sido aceptada, el ayuntamiento debe pedir un permiso a la Comunidad, que realizará un informe sobre su viabilidad. Aparte de todo esto, se exige a los organizadores del evento que cumplan con una serie de requisitos para reforzar la seguridad como avisar con antelación suficienta a los agentes forestales, eliminar los restos vegetales de las parcelas próximas al lanzamiento, o recoger todos los restos de carcasas y cohetes después de la quema."Ahora mismo hay unas 115 solicitudes pendientes para el mes de agosto", señaló Pérez.

El director general de Protección Ciudadana destacó que la región, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, colabora "desplazando entre 220 y 240 bomberos y agentes forestales cada año de manera gratuita".

Acerca de las sanciones que se interponen a los municipios que incumplan las normas, Pérez afirmó que éstas será de tipo administrativo y que dependerán del alcance y las consecuencias que produzcan. En 2007, se tramitaron unos 200 expedientes de sanción. "En caso de incendio por incumplimiento del reglamento, la Comunidad de Madrid se personará en los juzgados como acusación particular para que ningún delito quede impune", sentenció el director.