Javier López

El inicio del curso político nos sorprendió con una grata noticia. El Gobierno regional, en el marco del desarrollo obligatorio del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, aprobado por el Parlamento español se comprometía a negociar el desarrollo de dicho Estatuto en Madrid. El día 3 de Septiembre el Vicepresidente Segundo de la Comunidad firmaba un Acuerdo con las organizaciones sindicales de mayor representatividad en el ámbito de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

El Acuerdo firmado incluía el compromiso de  negociar  temas como el Plan de Igualdad , la estabilidad y calidad del empleo, el modelo general de salud laboral y prevención de riesgos laborales, la protección a las empleadas públicas víctimas de violencia de género, la integración laboral de personas con discapacidad, la aplicación de la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la movilidad entre administraciones, la formación, la extensión del abono transporte, las medidas para la conciliación de la vida laboral y personal o la carrera profesional y promoción interna. Compromisos de negociación que suponen una modernización de la Administración regional que es necesaria y urgente para garantizar la calidad del servicio que prestan a los madrileños.

Cual no sería nuestra sorpresa cuando a los pocos días de la firma del Acuerdo, la Administración regional da marcha atrás en un extraño “donde dije digo, digo Diego” y se niega a constituir la Mesa General de Empleados Públicos y se niega a iniciar las negociaciones sobre los contenidos del Acuerdo. Por medio quedan los rumores de tremenda bronca y desautorización en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Para cumplir estrictamente la Ley es necesario constituir una Mesa General de Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de 210.000 trabajadores y trabajadoras al servicio de una Comunidad que a lo largo de los últimos años ha recibido competencias transferidas desde el Gobierno Central y que ha visto incrementar su personal de manera muy importante hasta convertirse en la primera empresa empleadora de la región.

El malestar entre los empleados públicos de la Comunidad de Madrid y sus representantes sindicales firmantes del Acuerdo es evidente. Han convocado varias asambleas, concentraciones y una manifestación que tendrá lugar el próximo 12 de Diciembre. Se han dirigido por escrito, sin obtener respuesta alguna, a la presidenta de la Comunidad.

Mal empezamos la legislatura  en las relaciones laborales de la Comunidad con sus empleados si el responsable de la Administración Pública firma un acuerdo y a continuación el mismo se incumple. La capacidad de firmar y la lealtad con lo firmado queda en cuestión y la confianza entre las partes se deteriora. Madrid necesita más que nunca espacios de negociación, voluntad de diálogo, concertación de políticas y lealtad entre organizaciones e instituciones. El Acuerdo contempla tan sólo, y no es poco, el cumplimiento de la Ley estatal en materia de empleados públicos y el compromiso de negociar temas obligados para todos los trabajadores al servicio de la Comunidad de Madrid. El Acuerdo no prejuzga el resultado de esas negociaciones. No entendemos el frenazo y marcha atrás.